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Descanse en paz, mi general

Descanse en paz, mi general Publicado en "Las Publicaciones de Crazyman del 6 de agosto de 2004.

El primer gobierno blanco del siglo, que asumió funciones en 1959, aceptó las recetas económicas del FMI, acelerando la recesión y generando respuestas en los sectores de trabajadores afectados. El conflicto se agudizó a partir de 1968, cuando el gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco congeló los salarios y trató de frenar a los sindicatos. Sanguinetti apoyó distintas iniciativas diplomáticas a nivel latinoamericano y la reanudación de relaciones con Cuba y Nicaragua. Los dos primeros años de gobierno coincidieron con una coyuntura económica internacional favorable, pero luego intensificó la política neoliberal del período dictatorial.

Un amplio movimiento de masas, encabezado por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT, central única fundada en 1964) y los estudiantes, enfrentó esa política. Paralelamente, el movimiento guerrillero Tupamaros (MLN) protagonizó
acciones de impacto nacional. En 1971, se fundó el Frente Amplio, coalición de izquierda en torno a un programa
progresista, que postuló al general retirado Líber Seregni en las elecciones presidenciales de ese año.
El heredero de Pacheco, Juan María Bordaberry, ganó en elecciones que el Partido Nacional denunció como fraudulentas. Los militares asumieron la conducción de la lucha antiguerrillera (legitimados por la declaración parlamentaria del "estado de guerra interno").

En 1972, los tupamaros fueron derrotados, tras una rápida campaña en la que la organización clandestina fue
desbaratada mediante la tortura sistemática. En junio de 1973, Bordaberry y las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado gestado desde febrero de ese año. El Parlamento fue disuelto y se instauró un gobierno cívico-militar.
La dictadura militar se orientó por la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense y aplicó las directivas económicas del FMI. Aumentó la concentración de la riqueza en manos del gran capital, el salario real fue reducido a la mitad del existente antes de 1973 y la deuda externa llegó a 5.000 millones de dólares. Diversas instituciones, partidos políticos y sindicatos fueron
proscritos, desaparecieron personas, se generalizaron la tortura y las detenciones arbitrarias.
Desprestigiados por el deterioro de la situación económica y la derrota sufrida en el plebiscito constitucional de 1980,
con el que pretendían institucionalizar el régimen autoritario, los generales uruguayos tuvieron que elaborar un "cronograma"
que permitiera retornar gradualmente a una nueva legalidad civil.

En abril de 1983, se formó el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que celebró el 1º de Mayo, por primera vez
desde 1973, exigiendo la libertad de los presos políticos. Ese mismo mes, los militares comenzaron negociaciones con tres
partidos y la exclusión del Frente Amplio, cuyo presidente Líber Seregni estaba preso desde el golpe militar.
A partir del fracaso de ese diálogo, se multiplicaron las medidas de desobediencia civil, "apagones" y "caceroleos", contra la dictadura militar. Después de un paro general de 24 horas convocado por el PIT, el diálogo político-militar se reanudó en enero de 1984, esta vez con la presencia del Frente Amplio.
El líder del Partido Blanco, Wilson Ferreira Aldunate fue detenido en 1984, cuando regresaba al país y su candidatura, al
igual que la de Seregni, fue proscrita en las elecciones de ese año.

A las 17.45 hs. del 19 de marzo de 1984, es liberado de Cárcel Central; junto a sus hijas Bethel y Giselle viajó hasta su domicilio. Discurso desde el balcón de su casa.
Con la propuesta de "cambios en paz", el colorado Julio María Sanguinetti fue electo presidente. Atendiendo una exigencia nacional, en el primer mes de gobierno se aprobó una amnistía por la cual se liberó a los presos políticos. Sanguinetti apoyó distintas iniciativas diplomáticas a nivel latinoamericano y la reanudación de relaciones con Cuba y Nicaragua. Los dos primeros años de gobierno coincidieron con una coyuntura económica internacional favorable, pero luego intensificó la política neoliberal del período dictatorial.

El Parlamento aprobó en diciembre de 1986, con 75% de los votos, una amnistía a los militares acusados de violaciones de los Derechos Humanos. Un posterior plebiscito popular la ratificó, con el 56% de los votos.
En mayo de 1989, el gobierno firmó en secreto con el Banco Mundial un compromiso de "ajuste estructural", a cambio del aval para refinanciar la deuda con la banca privada internacional, comprometiéndose a reducir los gastos de seguridad social, privatizar bancos en quiebra que habían sido absorbidos por el Estado y reformar las empresas públicas para volverlas rentables y potencialmente privatizables.

En las elecciones de noviembre de 1989 el Partido Nacional venció en 17 de los 19 departamentos, obtuvo 37% de los votos y llevó a Luis Alberto Lacalle a la presidencia. El Frente Amplio, con Tabaré Vázquez, triunfó en Montevideo y la izquierda asumió la administración de la capital por primera vez en la historia del país. Seis mujeres fueron elegidas a la Cámara de Diputados y otras siete a la Junta Departamental (legislativo municipal) de la capital.

Lacalle continuó la política neoliberal; aumentó los impuestos y promovió la privatización de empresas estatales. En marzo de 1991, Uruguay aprobó, con Argentina, Brasil y Paraguay, la creación del Mercosur.
Utilizando un recurso de democracia directa cada vez más usual, una comisión convocada por el movimiento sindical y de integración multipartidaria juntó las firmas suficientes para plebiscitar una ley de privatización de empresas estatales aprobada por el parlamento. En diciembre de 1992, 72% de los ciudadanos logró la derogación de la ley. De todas maneras, el gobierno siguió intentando privatizar ciertas empresas como la línea aérea estatal, la Compañía del Gas y las plantaciones de caña de azúcar del norte del país.

En las elecciones generales de noviembre de 1994 Julio María Sanguinetti fue reelecto presidente, esta vez por escaso margen.
El Frente Amplio aumentó considerablemente su caudal electoral y volvió a conquistar la Intendencia Municipal (Alcaldía) de la capital con más de 43% de los votos. A nivel nacional, los resultados mostraron un país dividido en tercios: Partido Colorado, 31,2%; Partido Nacional (Blanco), 30%; y Encuentro Progresista, 29,8%.

En octubre Uruguay se convirtió en el primer país en recibir oficialmente al presidente cubano Fidel Castro en dos décadas. Sanguinetti rechazó la invitación de Castro para visitar Cuba en setiembre de 1996, por considerar que el momento era inoportuno.
En octubre de 1999, el poeta argentino Juan Gelman le solicitó a Sanguinetti que investigara la desaparición de su nuera María Claudia García, en Montevideo, en diciembre de 1976. También, el paradero del hijo o hija que ésta había tenido en el Hospital Militar antes de desaparecer a manos de oficiales del Ejército debidamente identificados. Días después, Sanguinetti le informó que no se habían encontrado datos que confirmaran o negaran sus denuncias y que, por lo tanto, el caso estaba cerrado. En clara solidaridad con el poeta, cientos de intelectuales, artistas y periodistas de Uruguay y del mundo iniciaron una serie de "cartas al presidente" pidiéndole que como "Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas" profundizara las investigaciones.

En las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre, el Encuentro Progresista se impuso como la primera fuerza política del país con el 40,1% de los votos. Para impedir el ascenso de la izquierda, el partido Nacional se alió con el partido Colorado y apoyó a su candidato, Jorge Batlle, quien en las elecciones de noviembre fue elegido presidente con el 52 % de los votos.
El primero de marzo de 2000, en su discurso de asunción, Batlle afirmó que a "todos nos corresponde (…) sellar la paz entre los uruguayos", en clara alusión a los desaparecidos y al "caso Gelman". Cuarenta días después, el presidente le informó a Gelman que había hallado al "bebé" de su nuera y que se trataba de una chica de 23 años, para sorpresa del abuelo y de la opinión pública nacional e internacional. La noticia confirmó la participación de las Fuerzas Armadas en el "Plan Cóndor" y el secuestro y desaparición, en el país, de niños nacidos de madres cautivas, algo negado por Sanguinetti en sus dos presidencias. En agosto quedó conformada la Comisión para la paz, organismo que llevaría a cabo la investigación sobre el destino de los 160 uruguayos desparecidos durante la última dictadura militar.

A comienzos de 2001 un foco de aftosa puso en jaque a la ganadería uruguaya y le hizo perder a éste el estatus de país libre de aftosa sin vacunación. Entre otras medidas, se prohibió en la mayoría de los 19 departamentos del país el movimiento de ganado, salvo el que fuera a faenarse inmediatamente. Además, la rápida expansión del virus forzó a las autoridades a iniciar un programa de vacunación para al menos 500.000 cabezas de ganado, al tiempo que se sacrificaron 10.200 cabezas de los predios afectados.

En enero del 2002 unas 15.000 personas llegadas de todo el país marcharon en caravana hacia Punta del Este, el principal balneario del país, en plena temporada veraniega, para protestar contra la política económica. La convocatoria paralizó gran parte del país y, en algunas ciudades del interior, se produjeron diversos actos públicos en el marco de un paro general parcial, convocado por el PIT-CNT.El gobierno prohibió el ingreso de la caravana a todos los balnearios de la costa atlántica y montó un dispositivo especial de seguridad con un vallado metálico de cinco kilómetros, que aisló a la península puntaesteña.

Entrado en su tercer año de recesión económica, Uruguay aplicó un impuesto de más del 20% a los productos provenientes de Argentina, ante el temor de que la industria uruguaya no pudiera competir con la mercancía de ese país, cuyo valor cayó más de 50% debido a la devaluación registrada en 2002. En marzo, el FMI aprobó un crédito de 443 millones de dólares para para ayudar a Uruguay a salir de la recesión y protegerlo de la crisis argentina. El programa económico presentado por el gobierno uruguayo preveía la caída de la producción de 1,7 %, pero un crecimiento de 3% en 2003. Uruguay se comprometió a recortar su déficit general a 2,5% en 2002, y a 1,5 % en 2003, con miras a alcanzar un equilibrio fiscal en 2004. El FMI instó a Uruguay a privatizar los monopolios estatales, tales como los de energía, el petróleo, las telecomunicaciones y los ferrocarriles.

La Justicia argentina confirmó el 19 de marzo que un joven que vivía en ese país era en realidad Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez, una mujer uruguaya que estuvo detenida durante el régimen militar argentino. La noticia puso fin a 25 años de búsqueda del niño, que fuera arrebatado a su madre la noche del 13 de julio de 1976, poco después de nacer. Una multitud de uruguayos celebraron el reencuentro de la madre con su hijo. Méndez reconoció que no había recibido colaboración por parte del estado uruguayo en su larga búsqueda.

En abril, Uruguay presentó una moción de censura contra Cuba por la situación de los derechos humanos en la isla. La moción motivó serios reproches por parte de La Habana hacia el gobierno de Batlle y contra la figura del presidente (Castro lo llamó "abyecto judas"), que culminaron en la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales. Pese a esto, La Habana continuó enviando a Montevideo, gratuitamente, sus vacunas para combatir la meningitis, tal como lo había prometido tras un rebrote de la enfermedad.
Por primera vez en 20 años, los empresarios, industriales y trabajadores se reunieron el 16 de abril en un multitudinario acto de protesta contra la política económica del gobierno. La jornada de huelga nacional, que paralizó la salud, la enseñanza, el transporte y la banca, fue convocada por 29 asociaciones que integraban la denominada Concertación para el Crecimiento y las gremiales del PIT-CNT.

Entre las decenas de asistentes estaban cientos de jinetes llegados desde todo el país, tras varios días de marcha. El manifiesto conjunto de reclamos destacó la quiebra del 35% de las empresas desde 1998 a la fecha, y la deserción de 15 productores agropecuarios registrada a diario, agobiados por el endeudamiento. Señaló además que 75.000 trabajadores fueron enviados al seguro de paro.
En mayo Batlle anunció en cadena nacional de radio y televisión una nueva serie de medidas económicas de emergencia, destinadas a paliar los efectos de la crisis. La iniciativa aumentó las rentas en actividades empresariales, gravó con el Impuesto de Valor Agregado el suministro público de agua potable y el precio del transporte público y aumentó el gravamen en las retribuciones personales de activos y pasivos. Mientras duró el mensaje presidencial, en varios sectores de Montevideo se respondía con una "caceroleada". El presidente había asegurado que el ajuste fiscal realizado en febrero sería el último de su gobierno.

Un mes más tarde Batlle aseguró, en una entrevista difundida por el canal de información financiera Bloomberg TV, que los políticos argentinos eran "una manga de ladrones desde el primero hasta el último". Al día siguiente, Batlle viajó a Buenos Aires donde ofreció sus "disculpas públicas al pueblo argentino", con lágrimas en los ojos, y admitió que cometió "un error" cuando formuló sus polémicas declaraciones, que, según el mandatario, fueron capturadas sin su conocimiento, en un contexto periodísticamente conocido como off the record (información que compromete al periodista a no divulgar lo declarado).

El dólar se disparó el jueves 20 de junio hasta alcanzar un aumento del 40% en los cambios uruguayos, tras el sorpresivo anuncio del ministro de Economía, Alberto Bensión, de que se modificaba la política cambiaria, que pasó a la libre flotación del dólar estadounidense. Washington y el FMI elogiaron la decisión, pero el descontento se hizo notar en varias manifestaciones populares.
Tres la renuncia del ministro Bensión, el 22 de julio el senador colorado Alejandro Atchugarry, un abogado de 50 años, fue nombrado nuevo ministro de Economía. Ante la crisis generada por la constante fuga de depósitos que amenazaba con hacer colapsar al sistema bancario y la suspensión de un gran banco privado del país -que había sido intervenido en junio por iliquidez y estaba siendo investigado por la justicia por un supuesto desvío de fondos- el 30 de julio el Banco Central del Uruguay decretó un feriado bancario, el primero en varias décadas.

En medio de crecientes rumores de un posible "corralito" al estilo argentino (restricciones al retiro de depósitos) y multitudinarios saqueos en tiendas de la capital, se anunció una extensión del feriado hasta el lunes 5 de agosto, cuando se confirmó la decisión adoptada por Estados Unidos de brindar asistencia económica directa a Uruguay por un monto de 1.500 millones de dólares.

En octubre de 2002, la justicia procesó al ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno militar, Juan Carlos Blanco, a quien acusó de coautoría en la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada 26 años antes en la embajada de Venezuela. Blanco fue el único funcionario civil o militar de la dictadura procesado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el gobierno militar.

El ex ministro fue liberado ocho meses más tarde cuando Carlos Ramela, representante de Batlle en la Comisión para la paz, se presentó en el juzgado para afirmar que, según las investigaciones, la maestra había sido asesinada sin conocimiento de las Fuerzas Armadas ni del gobierno de la época.

Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Argentina sufrieron un deterioro durante el período. En 2002 , en una entrevista para la televisión argentina, Batlle aseguró "off the record" que todos los políticos argentinos eran ladrones. La declaración fue difundida por la televisión y obligó a un viaje del mandatario a Buenos Aires para disculparse públicamente por lo que definió como "un error". El núcleo de las discrepancias se centró luego en las diferencias de política económica del presidente argentino Néstor Kirchner y Batlle, y en la forma de resolver los problemas vinculados a las violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Kirchner declaró que el esclarecimiento del "caso Gelman", que implicaba conocer la verdad sobre la desaparición de María Claudia García y recuperar sus restos, era una "cuestión de Estado". Batlle se comprometió a investigar; sin embargo, meses después ordenó el archivo del caso.
En agosto de 2003 la Suprema Corte de Justicia, en un fallo considerado histórico, habilitó el juicio contra el ex dictador Bordaberry, denunciado por su responsabilidad en el golpe de Estado de junio de 1973 y por el asesinato de ocho obreros comunistas en abril de 1972.

En diciembre de 2003 la ciudadanía fue convocada a votar en un referéndum para confirmar o derogar la ley que abolía el monopolio de la empresa estatal ANCAP en la importación de combustible y que le permitía asociarse con capitales privados. El SÍ (derogación de la ley) obtuvo el apoyo del 63% de la ciudadanía; primera vez que una opción electoral respaldada por el Partido Nacional y el Partido Colorado fue derrotada en las urnas.
En abril de 2004 el Senado comenzó la consideración de la ley de defensa de la salud reproductiva (despenalización del aborto) aprobada por la Cámara de Diputados dos años antes. Ante la imposibilidad de obtener mayoría, y con un anunciado veto presidencial, el Cuerpo acordó someter a plebiscito el tema.

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